Tras una jornada electoral marcada por la tensión y la vigilancia de autoridades, el gremio de abogados de Guatemala definió a sus representantes ante la máxima corte del país para el período 2026-2031. La elección, celebrada este 12 de febrero, dio como ganadores a la doctora Astrid Lemus y al abogado Luis Fernando Bermejo.
Astrid Lemus: Experiencia académica y judicial
Astrid Lemus Rodríguez asume la magistratura titular con un perfil que combina el ejercicio en las altas cortes y una sólida formación internacional.
- Formación: Abogada y Notaria por la USAC, cuenta con un doctorado en Ciencias Penales y una especialización en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Friburgo, Alemania.
- Trayectoria Judicial: Su paso por el Organismo Judicial destaca por haber sido magistrada Vocal IX de la Corte Suprema de Justicia (1994-1999), donde tuvo la responsabilidad de presidir la Cámara de Amparo y Antejuicio, clave para la protección de derechos fundamentales.
- Aporte Académico: Se ha desempeñado como docente y fue decana interina de la Facultad de Derecho de la USAC entre 2020 y 2021.
Luis Fernando Bermejo: El litigante constitucionalista
Electo como magistrado suplente, Luis Fernando Bermejo aporta una visión desde el litigio activo y la defensa de la legalidad presupuestaria.
- Perfil Profesional: Abogado litigante especializado en arbitraje, derecho internacional y, fundamentalmente, derecho constitucional.
- Activismo Jurídico: A diferencia de perfiles más institucionales, Bermejo es conocido por promover impugnaciones directas ante la CC. Ha participado en expedientes históricos (2010 y 2012) contra normas que consideraba inconstitucionales.
- Caso Reciente: Apenas en enero de 2026, encabezó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, cuestionando la ejecución automática de saldos presupuestarios en los Consejos de Desarrollo, defendiendo el principio de control legislativo sobre el gasto público.
La elección de estos dos juristas no estuvo exenta de polémica. La segunda vuelta se llevó a cabo en un ambiente de alta presión gremial y con la inusual presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación, un hecho que ha generado un intenso debate sobre la autonomía de los procesos de elección de segundo grado en Guatemala.
